Este martes, la Comisión de Salud de la Cámara inició la discusión del proyecto de ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación. Esta iniciativa, presentada por el Gobierno en mayo pasado, busca garantizar el acceso a esta prestación en el sistema de salud, con plazos definidos y mecanismos que aseguren información oportuna y atención en el menor tiempo posible.
Así, el proyecto mantiene las normas vigentes sobre objeción de conciencia, tanto a nivel personal como institucional, y establece medidas para resguardar el derecho de las mujeres y personas gestantes a acceder al procedimiento.
La presentación ante la Comisión estuvo encabezada por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana y el subsecretario de Redes Asistenciales, quienes resolvieron dudas de las y los parlamentarios sobre los alcances de la propuesta.
“Este es un debate que ha sido largamente anunciado y esperado por distintos sectores y precisamente lo que queremos dar a conocer hoy día son los contenidos reales del proyecto de ley. Vamos a iniciar esta discusión asumiendo que en esto no hay verdades únicas y que nadie tiene el monopolio de la opinión pública, sin embargo, hay que entender que mientras este proyecto se discute, las mujeres siguen abortando clandestinamente”, sostuvo la ministra Orellana.
Por su parte, Bernardo Martorell, ministro (s) de Salud indicó que «hay una realidad que no podemos negar: los abortos generan hospitalizaciones y pueden causar la muerte. La evidencia muestra que negar esta realidad no previene, ni evita su realización, sino que los torna más peligrosos. No se trata, entonces, de imponer una sola visión, ni una sola decisión, sino que de regularlo con una perspectiva de salud pública”.
La Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Camila Sabando, comentó que «este proyecto no promueve el aborto, sino que regula una realidad para prevenir muertes y secuelas derivadas de procedimientos inseguros para mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Establece plazos claros, asegura información y acompañamiento y resguarda la objeción de conciencia sin que ello obstaculice la atención. Avanzar en este debate con evidencia, respeto y garantías es una tarea de Estado y una señal de responsabilidad democrática».
Asimismo, el diputado y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Patricio Rosas, sostuvo que “hay que tener esta conversación con antecedentes científicos y no con ideología porque eso solamente nos divide. La ciencia tiene una visión que ha primado en muchos de los países que hoy día cuentan con una legislatura parecida o similar a la que estamos discutiendo. El compromiso de la Comisión es ese: que todas las posiciones serán escuchadas”.
Algo similar comentó la diputada Alejandra Placencia, presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la instancia: “Estamos en un día histórico, porque este es un debate que nos merecemos como sociedad; y será un debate abierto, responsable, con evidencia y sin sesgo de ningún tipo. Sabemos que hoy día niñas, mujeres y adolescentes requieren de garantías que hoy el Estado de Chile no está dando. La posibilidad de decidir es parte de la justicia y la democracia que debe tener este país».
“Hemos observado con preocupación cómo estos últimos meses, en medio de la campaña electoral que vive nuestro país, no se habla del derecho a decidir. No se está hablando de la situación de las mujeres y las niñas y todas las personas que pueden gestar y que cursan embarazos no deseados o no planificados. Le queremos hacer un llamado a todas y todos los candidatos a que tomen con responsabilidad lo que está ocurriendo: las mujeres y niñas merecemos que esta discusión ocurra y que el Congreso hable sobre nuestros proyectos de vida”, concluyó Siomara Molina, coordinadora de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto.
Cabe destacar que este proyecto responde a un compromiso del Presidente de la República, Gabriel Boric, anunciado en la Cuenta Pública 2024, donde también se informó la modificación del reglamento para mejorar la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en tres causales, que se encuentra vigente y que permite garantizar el acceso de este derecho a mujeres y niñas.
