Hay temas en los que como sociedad no podemos tener dudas, y la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes es uno de ellos. Cuando se trata de delitos sexuales contra menores de edad, el Estado tiene una responsabilidad que no admite indiferencia, y es proteger a las víctimas, garantizar justicia y actuar con la seriedad que una situación de esta naturaleza exige.
La reciente controversia por las rebajas de condena otorgadas a personas condenadas por abuso sexual y violación de menores nos obliga a mirar con atención cómo están funcionando nuestras instituciones y qué medidas debemos tomar para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir.
El Presidente José Antonio Kast fue claro al abordar la gravedad de estos hechos. Según informó, durante los últimos años el Estado otorgó rebajas de condena a más de 300 personas condenadas por delitos sexuales contra niños. Frente a esta situación, reconoció la responsabilidad del Estado y expresó un mensaje que no podemos pasar por alto: “El Estado les falló”. Son palabras que reflejan la gravedad de lo ocurrido y la necesidad de actuar con decisión frente a una situación que vuelve a poner en el centro a quienes más necesitan protección.
Como respuesta, el Mandatario anunció la suspensión de toda tramitación de rebajas de condena para personas condenadas por delitos sexuales contra menores, junto con una revisión caso a caso de los decretos correspondientes. Asimismo, anunció iniciativas legislativas destinadas a impedir que quienes cometan estos delitos puedan acceder a este tipo de beneficios en el futuro.
Este esfuerzo debe trascender las diferencias políticas. Como señaló el Presidente, “Proteger a nuestros niños es una causa de la patria, una causa de Chile”. Esa convicción debe expresarse en un compromiso compartido entre el Gobierno, el Congreso y las instituciones responsables de garantizar justicia y proteger los derechos de la infancia.
La protección de la niñez tampoco puede quedar reducida a una discusión política. Detrás de cada caso hay personas que han sufrido situaciones profundamente dolorosas y familias que esperan que las instituciones respondan. Por eso, cualquier decisión relacionada con delitos de esta naturaleza debe considerar la gravedad de los hechos, el marco legal vigente y la necesidad de resguardar a las víctimas y prevenir nuevas vulneraciones.
El Presidente también ha comprometido el acompañamiento a las víctimas y ha encomendado al ministro de Justicia, Fernando Rabat, continuar en sus funciones con la responsabilidad de liderar las soluciones y esclarecer lo ocurrido. Ahora, el desafío es que esos compromisos se traduzcan en acciones efectivas, con respeto al Estado de Derecho y con la protección de la niñez como prioridad.
Desde la Región de Coquimbo sabemos que la protección de la infancia requiere un compromiso permanente. No basta con reaccionar frente a una controversia nacional, también debemos fortalecer la prevención, promover las denuncias oportunas, apoyar a las víctimas y mejorar la coordinación entre las instituciones responsables de proteger sus derechos.
Como Gobierno, tenemos el deber de estar a la altura de esa responsabilidad. Eso significa tomar decisiones, revisar lo que sea necesario y avanzar en medidas que permitan entregar mayor protección y confianza a las familias chilenas.
Darwin Cortés Palma, Seremi de Gobierno de la Región de Coquimbo.
