La Comisión de Derechos Humanos abordó las posibles fallas en el control de ingreso al país de menores haitianos y la investigación por una posible trata de personas.
Para ello, la instancia recibió al defensor de la Niñez, Anuar Quesille, quien expuso los antecedentes del caso. Particularmente, calificó el asunto como de máxima gravedad y que requiere la adopción de medidas urgentes.
Quesille aclaró que los antecedentes que se han dado a conocer en las últimas jornadas corresponde a un preinforme filtrado y no a un documento oficial que haya ya emanado desde la Contraloría. En él se alertaría sobre distintos problemas de control que implicó que no exista certeza del paradero de un número indeterminado aún de menores haitianos migrantes.
Al respecto, el defensor de la Niñez afirmó que los “vuelos chárter” con niños haitianos son parte de una problemática más amplia relacionada con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en contexto de movilidad.
En ese marco, advirtió sobre los riesgos asociados al ingreso por pasos no habilitados, la trata y tráfico de personas, la verificación de documentos y la explotación sexual de menores migrantes. Asimismo, la preocupación por procesos de reunificación familiar y el otorgamiento de visas que podrían no haber cumplido plenamente con la normativa vigente.
Anuar Quesille informó que el organismo a su cargo impulsó acciones para que el Ministerio Público investigara los casos donde se detectaron indicios de irregularidades y tomó contacto con familias afectadas y organizaciones migrantes.
Asimismo, dijo que, desde 2023, advirtieron a las autoridades sobre la insuficiente respuesta estatal frente a niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad, proponiendo una mesa interinstitucional de coordinación que, pese a ser constituida, solo se reunió una vez y no tuvo continuidad.
Cronología de solicitudes de información
Anuar Quesille informó a las y los diputados la siguiente cronología de acciones realizadas:
Octubre del 2023:
- Solicitaron a la Subsecretaría de la Niñez información sobre el estado de los protocolos relativos al ingreso de NNA y la vigencia de políticas de bienestar. Además, pidieron datos sobre los mecanismos de coordinación existente frente a procedimientos de expulsiones administrativas. En ambos casos, tuvieron respuestas sin detallar las medidas.
- Realizaron acciones con la Cancillería para que el Estado generara una estrategia que estuviera dirigida a la protección de NNA migrantes que estaban en dificultades.
Septiembre de 2024:
- Se ofició nuevamente a la Subsecretaría de la Niñez para pedir información actualizada sobre el proceso de enrolamiento de NNA extranjeros en Chile. No tuvieron respuesta.
- También requirieron antecedentes al Servicio Nacional de Migraciones sobre el registro biométrico de personas en contexto de movilidad humana. La idea fue identificar posibles vulneraciones de derechos o eventuales delitos que permitieran la intervención de la Defensoría. Esta solicitud tampoco fue respondida.
2025:
- En mayo solicitaron información a la Policía de Investigaciones (PDI) respecto de los protocolos aplicados al ingreso de menores extranjeros con permisos de reunificación familiar. Se respondió que no contaba con protocolos específicos para NNA y que estas situaciones se abordaban mediante instructivos generales de control migratorio. No existirían mecanismos específicos para verificar la legitimidad de los procesos de reunificación familiar.
- También durante 2025, se volvió a oficiar al Servicio Nacional de Migraciones para obtener información desagregada sobre menores extranjeros con visa de reunificación familiar, requerimiento que tampoco obtuvo respuesta.
- En octubre, mientras impulsaban el funcionamiento de una mesa interinstitucional, se requirieron a la Subsecretaría de la Niñez antecedentes sobre el avance de un protocolo para la tramitación de visas humanitarias destinadas a menores que no contaban con documentos de identidad. Aunque valoraron los esfuerzos realizados para desarrollar esta herramienta, tampoco recibieron respuesta a ese requerimiento.
Febrero de 2026: la Defensoría volvió a consultar sobre el estado de avance de dicho protocolo. La nueva administración respondió el 31 de marzo, informando que los documentos se encontraban en proceso de integración y sistematización. Más tarde, el 16 de junio, la Subsecretaría comunicó que el documento ya había sido remitido al Servicio Nacional de Migraciones para su revisión.
Actualmente, recopilan antecedentes sobre el caso de los menores haitianos junto al Ministerio Público y otros organismos para determinar la existencia de posibles delitos. Quesille advirtió que el caso podría reflejar una falla estructural en las políticas de movilidad humana y eventuales incumplimientos de tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile.
Niños haitianos: diputados cuestionan falta de respuestas
El diputado Carlos Cuadrado agradeció la presencia de Anuar Quesille y valoró la exposición realizada, al permitirles comprender con mayor claridad las funciones específicas de la Defensoría de la Niñez y los antecedentes conocidos hasta ahora.
A su juicio, los antecedentes expuestos apuntan a una responsabilidad relevante de la Policía de Investigaciones (PDI) en los procesos de control migratorio realizados en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Por ello, informó que la comisión acordó citar para una próxima sesión al director general de la PDI y a los responsables del área de Migraciones. El objetivo es que expliquen cómo se efectuaron los controles respecto de los menores haitianos que ingresaron al país y las personas que los recibieron.
El parlamentario sostuvo que, tras la sesión, surgieron más interrogantes que respuestas y que la comisión continuará investigando los hechos, dado que podrían involucrar vulneraciones a los derechos de NNA.
Respecto de las alertas levantadas por la Defensoría de la Niñez desde 2023, planteó que las acciones emprendidas por el organismo fueron coherentes con los antecedentes que se estaban detectando. Sin embargo, cuestionó que las solicitudes de información y oficios enviados a distintas instituciones no hayan recibido respuesta, lo que calificó como una muestra de desidia y falta de coordinación entre organismos públicos.
En tal contexto, estimó necesario revisar las responsabilidades y eventuales sanciones que pudieran corresponder, así como los mecanismos de coordinación institucional frente a situaciones de esta gravedad.
También, manifestó preocupación por las diferencias entre los antecedentes expuestos en esta sesión y la información entregada previamente por autoridades migratorias en otras comisiones de la Cámara. Según indicó, mientras se había asegurado la existencia de controles estrictos para verificar la identidad y situación de las personas que recibían a los menores, los antecedentes conocidos hoy generan dudas sobre la efectividad de dichos procedimientos.
Por ello, insistió en que la PDI y el Servicio Nacional de Migraciones deberán comparecer ante la comisión para entregar explicaciones sobre los controles aplicados y las medidas adoptadas para resguardar los derechos de los NNA que ingresan al país.
El diputado Enrique Bassaletti sostuvo que los antecedentes conocidos hasta ahora no hacen más que confirmar las preocupaciones surgidas tras la filtración del preinforme de la Contraloría. A su juicio, los datos contenidos en ese documento evidencian una “laxitud inaceptable” por parte del Estado en la protección de NNA.
Recordó que el país cuenta con una institucionalidad robusta destinada a resguardar los derechos de la infancia, incluyendo la Defensoría de la Niñez, el sistema de justicia y diversos organismos públicos. Sin embargo, afirmó que los hechos expuestos muestran una cadena de responsabilidades diluidas, donde distintas instituciones conocieron antecedentes, emitieron oficios o realizaron gestiones, pero sin que se adoptaran medidas efectivas.
Asimismo, cuestionó que durante 2023 ingresaran al país vuelos con centenares de menores de edad sin que se verificara, adecuadamente, el cumplimiento de los requisitos legales asociados a la reunificación familiar y a la identificación de adultos responsables. En este sentido, enfatizó que los hechos ocurrieron en el Aeropuerto Internacional de Santiago y no en pasos fronterizos no habilitados.
El legislador calificó la situación como una de las mayores falencias institucionales que ha observado en décadas de trabajo en el sector público. Si bien estimó necesario esclarecer las responsabilidades administrativas y, eventualmente, penales que puedan derivarse del caso, planteó que la principal preocupación debe centrarse en las medidas vigentes para evitar situaciones similares.
Finalmente, llamó a garantizar que los controles migratorios y de protección de la infancia estén funcionando de manera efectiva, advirtiendo sobre los riesgos de explotación, trata u otras vulneraciones que podrían afectar a NNA. “La pregunta es qué estamos haciendo hoy como Estado para asegurar que esto no siga ocurriendo”, concluyó.
