El director de la carrera de Derecho de Universidad Santo Tomás La Serena Mg. Jaime Camús dio a conocer las penas que arriesgan quienes sean responsables de este tipo de acciones.
Ante el aumento de amenazas de tiroteos en establecimientos educacionales de la región de Coquimbo, autoridades y especialistas han reforzado el llamado a la responsabilidad, advirtiendo que este tipo de acciones no constituyen bromas, sino que pueden configurarse como delitos con consecuencias penales y civiles para quienes las realizan.
Durante las últimas semanas, diversos establecimientos educacionales de la conurbación La Serena Coquimbo han debido activar protocolos de seguridad, suspender clases y coordinar acciones con Carabineros, generando preocupación en comunidades educativas y autoridades regionales.
En este contexto, el Director de la carrera de Derecho de la Universidad Santo Tomás La Serena, Jaime Camus, explicó que este tipo de conductas están claramente tipificadas en la legislación chilena. “El anunciar a alguien la intención de causarle un daño ilícito a él, su familia, honra o propiedad, si se hace con el fin de producir temor o forzar su voluntad, constituye un delito, denominado amenazas. Esta amenaza debe ser seria y verosímil (creíble) y puede ser verbal, escrita o digital (artículos 296 al 298 del Código Penal) y la sanción dependerá de la edad de quien la realiza ya que si se es menor de 18 y mayor de 14 se la aplicará la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, Ley 20.084.- enfrentando sanciones, si es la primera conducta, desde amonestaciones hasta libertad asistida.”, señaló.
El académico agregó que la responsabilidad no solo recae en quien emite la amenaza, sino que también puede involucrar a su entorno familiar, especialmente cuando se trata de menores de edad. “La responsabilidad penal y civil es personal, sin embargo, si quien realiza la amenaza es menor de edad, los padres o tutores pueden ser civilmente responsables y deben indemnizar los daños y perjuicios causados por los menores a su cargo”, explicó.
Además, el director de Derecho de Santo Tomás La Serena destacó que el aumento de este tipo de situaciones ha generado reacciones a nivel legislativo, buscando endurecer las sanciones y fortalecer la protección de las comunidades educativas. “El rechazo y reacción social contra estos actos, derivada de los últimos hechos de amenazas y violencia ocurridas en establecimientos educacionales, se manifiesta en el proyecto de ley presentado al Congreso el 7 de abril que establece nuevas agravantes de responsabilidad penal para delitos cometidos contra integrantes de la comunidad educativa y contra establecimientos educacionales, y que complementa la Ley General de Educación, la Ley sobre Violencia Escolar, la Ley Aula Segura, la Ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas”, indicó.
El llamado de los especialistas y autoridades es a la responsabilidad, especialmente entre estudiantes y familias, recordando que este tipo de conductas no solo generan temor, sino que también pueden tener consecuencias legales significativas y duraderas.
