La idea busca que se declare ilegal el recorte presupuestario del Gobierno que termina con el centro comunitario de la Parte Alta de Coquimbo y 40 recintos más ubicados en diversos sectores vulnerables del país.
Hasta la Corte de Apelaciones de La Serena llegó este miércoles un grupo de autoridades y vecinos de la Parte Alta de Coquimbo para presentar un recurso de protección que impida el cierre de la Fundación de las Familias y su centro comunitario ubicado en la comuna puerto.
El recurso legal apunta a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quien preside la fundación y tomó la determinación hace un mes, luego de un oficio de recorte presupuestario firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
El anuncio generó un gran impacto en la comunidad, ya que el recinto representa prácticamente la única presencia del Estado en un sector de alta vulnerabilidad. Ahí se desarrollan talleres, jóvenes y niños practican deporte, adultos mayores aprenden de cocina, poseen una sala de estimulación, un huerto, entre muchas otras tareas, como servir de apoyo en trámites digitales.
Ante esto, el senador Daniel Núñez, quien apoya la iniciativa legal y ha denunciado el cierre como una arbitrariedad del Gobierno, declaró que “nosotros consideramos que se está vulnerando el derecho a la vida y la integridad física de quienes son usuarios de este centro comunitario, particularmente los adultos mayores que desarrollan una serie de actividades que les permiten mejorar su calidad de vida en términos integrales, incluyendo la salud”.
El legislador detalló que “solicitamos que se declare ilegal el recorte que se hizo de 525 millones por parte del Ministerio de Hacienda tres semanas atrás y también que se dé vida al convenio por el cual se debiera entregar 244 millones a la Fundación de las Familias de parte del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Con esos recursos la fundación obviamente puede desarrollar gran parte de su actividad y eso es parte de la decisión política que tomó el Gobierno de José Antonio Kast de cerrar la Fundación de las Familias que hoy día nosotros estamos acá cuestionando”.
Juan Roa, vecino de la Parte Alta y adulto mayor usuario del centro, quien firmó el recurso. “Yo represento a todos los usuarios de la Fundación de las Familias, les puedo decir que adultos mayores que se han acercado a mí me dicen, nosotros venimos aquí porque para nosotros es un gran aliciente salir de nuestros hogares, salir de nuestros problemas y aquí poder socialmente participar”, puntualizó Roa.
El diputado Bernardo Salinas fue enfático en el cuestionamiento a la determinación. “Cuando hablamos de que hay que proteger los barrios, desarrollar los barrios, hay que involucrar a la comunidad en el tema de seguridad pública, que los adultos mayores son sujetos de derecho, todo eso hoy día se viene abajo. Esa es la postura del Gobierno que efectivamente no le interesan sobre todo los servicios sociales o este tipo de proyectos”, afirmó el legislador.
La consejera regional, Valeria Chacana, en el mismo sentido destacó que “de parte del Consejo Regional citamos al Seremi de Desarrollo Social, quien decidió no participar en la comisión, sin embargo nos envió una carta de respuesta que no nos deja satisfechos, porque pareciera ser que ni siquiera las autoridades regionales conocen efectivamente los lineamientos que se están dando a nivel central y eso a nosotros nos preocupa de gran manera”.
Finalmente, Cristian Morales, secretario de la Junta de Vecinos Ánima del Quisco, quien también acompañó la presentación, señaló: “Yo soy testimonio vivo, desde los 8 años en la fundación de la familia, ya tengo 39 años y soy una de las personas que rescata fundación de las familias, porque está en un sector rojo, muy vulnerable”.
Con este recurso de protección los afectados esperan que la justicia decrete una orden de no innovar, lo que permitiría mantener en funcionamiento de este y otros 40 centros ubicados en distintos sectores vulnerables a lo largo del país.
