La comisión despachó el proyecto que extiende la gratuidad en estacionamientos de centros de salud no solo para urgencias sino también para la asistencia a consultas, examenes y gestiones administrativas.
Por mayoría de votos, la Comisión de Economía aprobó y despachó el proyecto que modifica la Ley N° 19.496, de Protección de los Derechos de los Consumidores (boletín 17903). Esto para garantizar la gratuidad en estacionamientos en recintos de salud.
En la discusión particular, la instancia legislativa respaldó dos indicaciones sustitutivas presentadas por los diputados Boris Barrera y Víctor Alejandro Pino. Estas perfeccionaron el texto original para ampliar el alcance del beneficio.
De este modo, el texto despachado a la Sala de la Corporación para su discusión establece que la gratuidad en estacionamentos aplicará no solo en casos de urgencia o emergencia como dispone la actual normativa. En esa línea, extiende el beneficio a la asistencia a consultas médicas, exámenes, procedimientos de cualquier tipo, internaciones y controles postoperatorios.
Igualmente, se incorpora de manera explícita el derecho a estacionamiento gratuito cuando las personas concurran a los recintos de salud a realizar gestiones administrativas o de regularización de deudas asociadas a su atención.
Ampliación de beneficiarios
Por otra parte, la comisión modificó el criterio propuesto de los beneficiarios que pueden acceder a la gratuidad en estacionamientos de dichos recintos. Así, reemplazó el término “familiares” por “un acompañante”. De esta manera se reconoce que quien asiste a un paciente no siempre mantiene un vínculo sanguíneo, otorgando una cobertura más realista y efectiva.
Asimismo, la propuesta legal consagra la prohibición de cobro a todo evento para vehículos que transportan a personas con discapacidad. Así como, a quienes presenten dificultad física permanente o transitoria para su desplazamiento.
Fiscalización y sanciones
El incumplimiento de la norma será sancionado con multas que fluctúan entre las 100 y 150 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). En caso de reincidencia por parte del recinto infractor, la sanción se duplicará.
Respecto de la fiscalización al cumplimiento de la ley, el proyecto dispone que los establecimientos de salud deberán implementar mecanismos de control y validación. Estos pueden ser físicos o electrónicos, que permitan acreditar de manera expedita la atención o gestión realizada por los usuarios.
En cuanto a la entrada en vigor de la propuesta, el artículo transitorio establece que los establecimientos de salud contarán con un plazo de tres meses, desde la publicación de la ley, para adecuar sus sistemas operativos y garantizar la gratuidad del servicio.
