Con la promulgación de la nueva Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, el Dictamen N°65 tal como se conoce actualmente quedará sin efecto, dando paso a una nueva interpretación de normativa vigente.
La Superintendencia de Educación ya está avanzando en la actualización y modernización de la normativa en materia de seguridad escolar, acorde al contexto actual que enfrentan los recintos.
La Superintendencia de Educación se encuentra trabajando con anticipación de cara a la promulgación de la nueva Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, que entregará un marco actualizado para la implementación de recursos tecnológicos de seguridad en los establecimientos educacionales. Esta normativa busca responder al nuevo contexto de seguridad que enfrentan las comunidades educativas, fortaleciendo la prevención y el acompañamiento, y asegurando que las medidas respeten la dignidad y los derechos de todos sus integrantes.
La nueva normativa establecerá que los sostenedores, con acuerdo del Consejo Escolar o de la comunidad educativa, podrán implementar tecnologías como cámaras, pórticos o detectores de metales, siempre bajo condiciones estrictas de proporcionalidad, necesidad e idoneidad. El objetivo es proteger a estudiantes, docentes, equipos directivos y a toda la comunidad educativa, garantizando que el uso de estas herramientas se realice de manera transparente y responsable.
En este marco, la superintendenta (s) de Educación, Pamela Adriazola Rojas, destacó que el foco está en la convivencia y la prevención: “La violencia no se enfrenta con sanción, sino que con prevención, acompañamiento y orientación a las comunidades educativas”.
La autoridad agregó que la buena calidad de la enseñanza solo es posible en un ambiente seguro y respetuoso: “No hay aprendizajes posibles sin convivencia. Vamos a fortalecer la gestión de conflictos y la prevención de la violencia”.
La Supereduc subraya que su rol es interpretar la normativa y acompañar a los establecimientos en su aplicación, sin entorpecer la labor principal de las escuelas: educar y formar. En este sentido, el marco que hasta ahora regulaba estas materias será reemplazado por la nueva ley. Por lo tanto, el actual Dictamen N°65, que entre otros temas da interpretación al uso de pórticos y recursos tecnológicos de seguridad, quedará sin efecto en estas materias, no así en lo referente a la revisión de mochilas y artículos personales. Esto último queda sujeto a futuras modificaciones de ley. Por lo mismo, la Supereduc está trabajando en nuevos lineamientos más claros y actualizados para la gestión de la seguridad escolar.
De manera paralela, se están realizando gestiones con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad Pública para apoyar en la elaboración de los reglamentos que darán aplicación práctica a la ley. Estos reglamentos definirán los mecanismos de coordinación con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como los criterios técnicos que aseguren la proporcionalidad y pertinencia de las medidas.
El artículo 10 de la Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas establece que los protocolos deberán ser aprobados por la Subsecretaría de Educación, previo informe técnico del Ministerio de Seguridad Pública, asegurando que las medidas sean compatibles con el funcionamiento normal de los establecimientos y que se resguarden los principios y derechos fundamentales.
Con este trabajo anticipado, la Superintendencia de Educación reafirma su compromiso con la seguridad, el buen trato y el bienestar de las comunidades educativas, acompañando a los sostenedores, equipos directivos y docentes en la implementación de medidas que resguarden tanto la integridad física como la confianza y dignidad de quienes forman parte de la vida escolar.
Finalmente, la Superintendencia generará una guía de orientación para apoyar a los establecimientos, en donde se detallarán las medidas de seguridad que se pueden implementar con la normativa vigente. De esta forma, se busca que las comunidades educativas puedan seguir desarrollando sus procesos de enseñanza en un contexto de bienestar y tranquilidad.
