El pleno respaldó los cambios que introdujo la Comisión de Educación a la iniciativa que prohíbe el uso en las salas de clases, estableciendo ciertas excepciones por temas de salud, emergencia o catástrofe, entre otros.
Un contundente respaldo le dio la Sala del Senado al proyecto que prohíbe el uso de dispositivos digitales de comunicación personal en los niveles de educación parvularia, básica y media de los establecimientos educacionales del país. Con esta aprobación, la iniciativa quedó en condiciones de cumplir su tercer trámite en la Cámara Baja.
En lo fundamental, la Sala aprobó los cambios que le hizo la Comisión de Educación a la iniciativa aprobada en general y que dicen relación con ampliar a todos los niveles educativos la prohibición del uso de celulares, estableciendo ciertas excepciones por temas de salud, emergencia o catástrofe. Además, se establecen derechos y deberes para los integrantes de la comunidad educativa y se dispone que la aplicación de esta normativa comenzará el año 2026.
Fue el presidente de la Comisión de Educación, senador Gustavo Sanhueza, quien explicó los cambios que se le hicieron a la iniciativa que tuvo su origen en siete mociones refundidas. (Boletines 11.728-04, 12.885-04, 16.062-04, 16.520-04, 16.527-04, 16.574-04 y 16.575-04).
En lo fundamental, indicó que se establecen derechos y deberes para los integrantes de comunidad educativa con el fin de consagrar el deber de los padres, madres y apoderados para supervisar y acompañar el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal por parte de los estudiantes fuera del horario escolar, así como asumir la responsabilidad por las consecuencias derivadas de su utilización indebida.
También se dispone que el sistema educativo promoverá el uso responsable y seguro del contenido digital y de las tecnologías que lo soportan durante el proceso formativo, en particular, de aquel contenido vinculado a la información, la comunicación y la conectividad digital.
PROHIBICIÓN EN SALA DE CLASES
El proyecto aprobado establece la prohibición del uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en los establecimientos educacionales que imparten niveles de educación parvularia, básica o media, estableciendo las siguientes excepciones.
- Si el estudiante presenta necesidades educativas especiales respecto de las cuales el uso adecuado de estos dispositivos móviles se considera como una ayuda técnica al servicio de sus aprendizajes
- Si existe una situación de emergencia, desastre o catástrofe
- Si el estudiante presenta una enfermedad o condición de salud, diagnosticada por un médico, que requiera monitoreo periódico a través de dispositivos móviles.
- Si la utilización de estos dispositivos móviles es útil para la enseñanza en función de la naturaleza de la actividad curricular o extracurricular en los establecimientos educacionales que imparten educación básica o media.
- Si el padre, madre o apoderado lo solicita fundadamente y de forma temporal, solo por razones de seguridad personal o familiar del estudiante.
La prohibición de uso de dispositivos móviles se aplicará durante el desarrollo de actividades curriculares dentro de la sala de clases y se extenderá a todos los integrantes de la comunidad educativa, salvo en los casos excepcionales.
No obstante, se establece que en el nivel de educación media, los reglamentos de los establecimientos educacionales podrán disponer espacios, horarios o actividades específicas en que la utilización de dispositivos móviles esté autorizada, atendiendo a la autonomía progresiva de los alumnos.
Finalmente se considera una disposición transitoria que señala que los dispuesto en esta iniciativa entrará en vigencia al inicio del año escolar 2026 y que los establecimientos que imparten educación parvularia, básica y media tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2026 para la actualización de sus reglamentos internos.
Además, se establece que en marzo de 2030, el Ministerio de Educación presentará a las Comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado los resultados de una evaluación respecto a la implementación, incluyendo información sobre convivencia escolar, rendimiento académico, bienestar socioemocional y brechas de acceso digital.
