La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un beneficio de $214.296 otorgado por el Instituto de Previsión Social (IPS) a personas mayores de 65 años, ya sea que se encuentren pensionadas o no. Este beneficio, vital para muchos adultos mayores en Chile, no se otorga automáticamente, sino que requiere una postulación. Sin embargo, es crucial estar al tanto de las causales de suspensión o extinción del beneficio para evitar la interrupción de estos pagos esenciales.
Según el sitio web de Chile Atiende, el IPS tiene la obligación legal de revisar periódicamente si los beneficiarios de la PGU siguen cumpliendo con los requisitos necesarios. En caso contrario, el beneficio puede ser suspendido o incluso extinguido. Esto se realiza para asegurar que los recursos se destinen correctamente a quienes realmente los necesitan.
Las causales de suspensión de la PGU incluyen el no cobro del beneficio durante seis meses continuos. En este caso, los beneficiarios tienen hasta seis meses desde la emisión de la resolución de suspensión para solicitar la reactivación del beneficio. Si no lo hacen dentro de este período, el beneficio será extinguido. Otra causal de suspensión es no entregar los antecedentes requeridos para acreditar el cumplimiento de los requisitos necesarios para mantener la PGU dentro de un período de tres meses desde la solicitud del IPS.
Entre las causales de extinción se encuentran el fallecimiento del beneficiario o beneficiaria del PGU y la permanencia fuera de Chile por un período superior a 180 días continuos o discontinuos durante un año calendario. En este último caso, se puede solicitar nuevamente el beneficio acreditando residencia en el país por un período no inferior a 270 días en el año inmediatamente anterior a la solicitud. Además, entregar antecedentes incompletos, erróneos o falsos, o dejar de cumplir el requisito de focalización también pueden resultar en la extinción del beneficio.
Para aquellos afectados por una de estas causales de suspensión, existe la posibilidad de apelar a la decisión. Los beneficiarios pueden interponer un reclamo ante el IPS en un plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación del rechazo o suspensión. Este proceso de apelación es esencial para garantizar que se respeten los derechos de los beneficiarios y se pueda revisar cualquier posible error o malentendido.
